La Patrulla Espiritual aseguró que la marcha convocada en Tijuana no tiene fines políticos y que su objetivo principal es defender el tratamiento para personas con adicciones, en medio de cuestionamientos públicos por sus métodos de intervención y el debate sobre los internamientos involuntarios.
Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”, afirmó que la movilización no busca favorecer ni atacar a partidos, funcionarios o grupos políticos. El líder de la agrupación pidió que ningún actor partidista intente apropiarse de la protesta o utilizarla para golpear a adversarios dentro del escenario político local.
La marcha fue planteada como una exigencia para revisar los cambios a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, particularmente las disposiciones que establecen que los internamientos deben realizarse de manera voluntaria y con consentimiento informado. Para la agrupación, estas reglas limitan la posibilidad de intervenir en casos graves de consumo problemático de sustancias.
El posicionamiento ocurrió después del caso de Karim Emmanuel, una persona que fue retirada de un centro de rehabilitación vinculado a la Patrulla Espiritual mediante un recurso legal. El caso generó polémica pública, señalamientos de colectivos y cuestionamientos de funcionarios por posibles vulneraciones a derechos humanos e identidad de género.
Ante las críticas, la agrupación insistió en que su causa está enfocada en lo que consideran una oportunidad de vida para personas en situación de adicción. Sin embargo, el debate también abrió una discusión más amplia sobre los límites entre la ayuda comunitaria, la salud pública, la intervención familiar y el respeto a los derechos individuales.
El caso colocó bajo atención a los centros de rehabilitación y a las organizaciones que operan en Baja California con modelos de rescate o internamiento. Mientras algunos sectores respaldaron el trabajo de la Patrulla Espiritual, otros pidieron mayor vigilancia institucional, protocolos claros y garantías para evitar abusos.
La manifestación se perfiló como un punto de presión para buscar diálogo con autoridades federales y plantear cambios a la legislación vigente. En Tijuana, el tema seguirá generando debate entre quienes defienden tratamientos más estrictos contra las adicciones y quienes advierten que cualquier intervención debe respetar la voluntad, dignidad y derechos de las personas.
