Un hombre de San Ysidro fue sentenciado a cinco años y cinco meses de prisión federal por hacerse pasar durante varios años por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para estafar a inmigrantes que buscaban obtener permisos de trabajo, residencia legal o la ciudadanía estadounidense. Las autoridades estimaron que al menos 25 personas fueron víctimas del fraude.
El condenado, Davyd George Brand Jimenez, de 55 años, se declaró culpable de múltiples delitos federales, entre ellos suplantación de un funcionario federal, fraude postal, fraude electrónico, uso fraudulento de sellos oficiales del gobierno y robo de identidad agravado. Como parte del proceso, admitió haber obtenido más de 152 mil dólares mediante el engaño.
De acuerdo con la investigación, Brand Jimenez se presentaba como un supuesto agente especial de ICE y aseguraba a sus víctimas, en su mayoría inmigrantes indocumentados de la comunidad latina del condado de Orange, que podía gestionar permisos de trabajo, tarjetas de residencia y procesos de naturalización. Por cada caso cobraba entre 10 mil y 20 mil dólares, aunque nunca realizó los trámites prometidos.
Para hacer creíble el fraude, elaboró documentos migratorios falsificados con emblemas del Departamento de Seguridad Nacional, además de entregar a algunas víctimas supuestas órdenes de suspensión de deportación que carecían de validez legal. En otro caso, proporcionó documentos oficiales auténticos pertenecientes a otra persona y alentó a una víctima a utilizarlos como identificación para vivir y trabajar en Estados Unidos.
Durante la audiencia, la Fiscalía Federal señaló que el acusado aprovechó el temor y la vulnerabilidad de personas que buscaban regularizar su situación migratoria para obtener beneficios económicos mediante engaños y falsas promesas.
Además de la pena de prisión, un juez federal determinará el monto definitivo de la restitución que deberá pagar a las víctimas. Las autoridades reiteraron el llamado a quienes buscan asesoría migratoria a verificar que los representantes estén debidamente autorizados y a desconfiar de cualquier persona que afirme poder acelerar procesos utilizando supuestos contactos dentro de agencias federales.
