En una decisión dividida de 6-3, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del estado de Carolina del Sur, permitiéndole bloquear el financiamiento de Medicaid para clínicas de Planned Parenthood. El caso, Medina v. Planned Parenthood South Atlantic, se centraba en si los pacientes de bajos recursos podían demandar al estado para elegir a su proveedor de salud, bajo la sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles.
La mayoría del tribunal, encabezada por el juez Neil Gorsuch, sostuvo que la ley federal en cuestión no otorga explícitamente un derecho individual que pueda ser exigido en tribunales. Los jueces liberales disintieron, acusando a la mayoría de limitar históricamente el alcance de los derechos de los beneficiarios de Medicaid. Aunque la ley federal prohíbe el uso de fondos de Medicaid para abortos, Planned Parenthood argumentó que el caso era sobre acceso general a servicios médicos básicos como exámenes ginecológicos, anticonceptivos y detección de cáncer.
