Activistas, organizaciones comunitarias y funcionarios locales intensificaron sus críticas a los recientes operativos migratorios registrados en San Diego, luego de que dos padres de familia fueran detenidos el miércoles cerca de John Marshall Elementary mientras dejaban a sus hijos en la escuela.
El caso aumentó la preocupación entre familias y grupos defensores de inmigrantes, especialmente porque se sumó a otras acciones realizadas durante la misma semana en las inmediaciones de instituciones educativas.
Uno de esos operativos ocurrió cerca de San Diego City College, donde un estudiante fue detenido y otra persona fue perseguida hasta el campus, generando cuestionamientos sobre el impacto que este tipo de acciones puede tener entre alumnos y familias inmigrantes.
La supervisora del Condado de San Diego Paloma Aguirre condenó los hechos y señaló que estudiantes y padres de familia no deberían sentir temor de acudir a una escuela o acompañar a sus hijos a clases.
La preocupación llegó este jueves al centro de San Diego, donde organizaciones comunitarias, trabajadores, activistas y líderes religiosos realizaron una manifestación frente al edificio federal.
La movilización, denominada “ICE Out”, exigió el fin de los operativos migratorios y buscó llamar la atención sobre la seguridad y los derechos de las comunidades inmigrantes de la región.
Los participantes también destacaron la reciente pérdida de protecciones migratorias para integrantes de la comunidad haitiana, situación que ha generado incertidumbre entre personas que podrían enfrentar cambios en su estatus migratorio.
Las recientes detenciones han colocado nuevamente en el centro del debate la presencia de agentes migratorios cerca de escuelas y otros espacios educativos, particularmente por el temor que estas acciones podrían generar entre estudiantes y sus familias.
Las organizaciones comunitarias anticiparon que mantendrán la presión sobre autoridades locales y federales, mientras funcionarios de San Diego continuarán buscando mecanismos para proteger el acceso a escuelas y servicios públicos sin que las familias inmigrantes teman ser detenidas durante sus actividades cotidianas.
