La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos advirtió que investigará y buscará llevar ante la justicia a funcionarios mexicanos que presuntamente utilicen sus cargos públicos para proteger al Cártel Jalisco Nueva Generación u otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El pronunciamiento fue realizado el 5 de agosto de 2026 por el administrador de la DEA, Terry Cole, durante una conferencia en la que autoridades estadounidenses anunciaron nuevas acciones judiciales, recompensas y restricciones migratorias contra dirigentes y colaboradores del CJNG.
Cole aseguró que ningún cargo público, posición política o vínculo de poder protegerá a quienes faciliten operaciones relacionadas con tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia. También sostuvo que existen integrantes del Gobierno mexicano que presuntamente protegen a líderes del cártel para evitar que sean detenidos y procesados.
El funcionario no presentó durante su intervención nombres ni pruebas públicas contra autoridades mexicanas específicas. Sus declaraciones se produjeron como parte de una ofensiva más amplia contra la estructura financiera, operativa y política que Estados Unidos atribuye al CJNG.
La DEA afirmó que sus investigaciones han generado más de 100 acusaciones federales contra líderes, integrantes y asociados de la organización criminal. La agencia señaló que trabaja con autoridades internacionales para localizar, detener, extraditar y procesar a los acusados en tribunales estadounidenses.
Como parte de las medidas coordinadas, Estados Unidos anunció recompensas que en conjunto superan los 100 millones de dólares por información que permita capturar o condenar a dirigentes y colaboradores del cártel.
La recompensa más alta ofrece hasta 25 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, identificado por la DEA como una de sus principales prioridades y señalado como integrante de alto nivel dentro de la estructura del CJNG.
Además, se impusieron restricciones de visa a 65 familiares, socios personales y colaboradores comerciales de personas vinculadas con la organización. De ese grupo, 26 contaban con visas vigentes que fueron revocadas.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la estrategia no se limitará a perseguir a quienes trafican drogas, sino que también buscará afectar sus recursos económicos, redes logísticas, estructuras de corrupción y mecanismos utilizados para proteger a sus dirigentes.
La advertencia eleva nuevamente la tensión entre México y Estados Unidos por los señalamientos de presunta infiltración del narcotráfico en instituciones públicas, un tema que ha generado diferencias entre ambos gobiernos sobre el alcance de las acusaciones y la evidencia utilizada para sostenerlas.
