En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad pública, la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, anunció que se implementará un proceso de revisión de antecedentes penales para todas las personas deportadas a través de la frontera. Esta acción, que se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, fuerzas federales, autoridades municipales y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, busca abordar posibles riesgos derivados de la presencia de deportados con antecedentes penales.
La iniciativa establece la creación de mesas de trabajo interinstitucionales, con un enfoque particular en la prevención y el seguimiento de casos que puedan implicar delitos federales o investigaciones locales. En su intervención, la fiscal Andrade Ramírez aseguró que esta medida tiene como objetivo principal salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de Baja California, actuando de manera preventiva frente a posibles amenazas.
Aunque se pondrá énfasis en aquellos deportados con historial criminal, la fiscal reiteró que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas deportadas seguirán gozando de sus derechos humanos. Sin embargo, añadió que las autoridades, tanto locales como federales, estarán alertas para actuar en caso de que se identifiquen antecedentes penales relevantes, asegurando así que el marco legal sea respetado en todo momento.