La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los recursos de las Afores abrió un nuevo debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en el manejo del dinero destinado al retiro de los trabajadores mexicanos.
En un editorial, el abogado fiscalista Adolfo Solís analizó la decisión que permite transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar determinados recursos de cuentas individuales que no hayan sido reclamados por sus titulares.
El especialista planteó que la discusión va más allá de una medida administrativa y enfrenta dos principios: por un lado, el objetivo de financiar mejores pensiones para trabajadores con menores ingresos y, por otro, la protección del ahorro individual acumulado durante años de vida laboral.
Solís advirtió que utilizar recursos provenientes de cuentas individuales para fortalecer un fondo destinado a complementar otras pensiones puede generar preocupación sobre el futuro del sistema de ahorro para el retiro.
La resolución contempla que los recursos de determinadas cuentas puedan ser transferidos cuando sus titulares alcancen las edades establecidas y no los hayan reclamado. Sin embargo, el trabajador o sus beneficiarios mantienen el derecho de solicitar posteriormente la devolución del dinero correspondiente.
Para el abogado fiscalista, el punto de fondo está en el precedente que podría establecerse al permitir que recursos originalmente depositados para una persona sean concentrados temporalmente dentro de un fondo utilizado para objetivos de política social.
La preocupación, explicó, es que una medida presentada como un mecanismo de justicia social termine debilitando la certeza que los trabajadores tienen sobre el destino de sus ahorros para el retiro.
El debate también coloca bajo atención la responsabilidad del gobierno de garantizar que existan reservas suficientes para devolver los recursos cuando sean reclamados, además de transparencia sobre la administración, inversión y rendimiento del dinero transferido.
La Suprema Corte determinó que el traslado de esos recursos no significa que los trabajadores pierdan su propiedad sobre ellos y que el derecho a reclamarlos permanece vigente.
Sin embargo, el análisis de Solís plantea una pregunta que podría mantenerse en el centro de la discusión durante los próximos meses: ¿el uso de estos recursos fortalece un sistema de pensiones más solidario o abre una puerta que podría poner en riesgo la confianza de millones de trabajadores en sus Afores?
