San Diego | El Condado de San Diego informó esta mañana que presentará una demanda contra la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional y la empresa CoreCivic, por bloquear una inspección sanitaria legal en el centro de detención de migrantes en Otay Mesa.
Esta acción legal busca garantizar la revisión de las condiciones de salud y seguridad tras denuncias de detenidos que reportan frío extremo, alimentos en mal estado y atención médica insuficiente. Según registros, más de 30 personas fallecieron bajo custodia de ICE el año pasado, la cifra más alta en dos décadas.
Intentos previos de inspección en febrero por la supervisora del Distrito 1, Paloma Aguirre y la presidenta del condado, Terra Lawson-Remer, fueron bloqueados a pesar de tener autorización escrita de la agencia local de ICE.
La negación también afectó a congresistas y senadores, incluyendo Juan Vargas y Alex Padilla. La oficial de salud pública del condado, Dra. Sayone Thihalolipavan, le fue autorizado inspeccionar una cocina y dos salas médicas, sin acceso a registros, políticas de salud, personal o entrevistas confidenciales con detenidos.
El centro de detención en cuestión es operado por CoreCivic, con sede en Tennessee, bajo un contrato federal de aproximadamente $269 millones de dólares al año. La empresa recibe alrededor de $217 dólares diarios por cada detenido.
San Diego marca un precedente en California al presentar la primera demanda contra la Administración Trump por negar el acceso a una inspección legal en un centro de detención de inmigrantes.
