TIJUANA – La reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales podría generar cambios significativos en la operación de las empresas y en la relación laboral entre trabajadores y empleadores, según análisis presentado durante una conferencia virtual organizada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Baja California.
Durante el encuentro, especialistas en derecho laboral examinaron los posibles efectos legales, financieros y administrativos de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea modificar la jornada de trabajo establecida en la Ley Federal del Trabajo.
Entre los puntos que generan mayor debate está la redefinición del concepto de jornada laboral. La propuesta establece que el tiempo de trabajo se limitaría al periodo en que el empleado realiza actividades subordinadas, lo que podría abrir interpretaciones legales sobre tiempos de preparación, desplazamientos internos o labores complementarias.
El análisis también advierte que la reforma elimina las diferencias actuales entre jornadas diurna, nocturna y mixta en cuanto a duración, situación que podría generar controversias en sectores donde el trabajo nocturno ha tenido históricamente un tratamiento especial.
Desde el punto de vista operativo, las empresas podrían verse obligadas a contratar más personal para cubrir turnos, reorganizar sus esquemas de producción, ajustar costos por hora trabajada y modificar contratos laborales individuales y colectivos.
La iniciativa contempla una implementación gradual durante los próximos años: 46 horas semanales en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Además, a partir de 2027 se prevé la creación de un registro electrónico obligatorio de jornadas ante la Secretaría del Trabajo.
Especialistas señalaron que este nuevo sistema implicará mayor supervisión y carga administrativa para las empresas, así como la actualización de mecanismos internos de control laboral.
El debate sobre la reducción de la jornada laboral se vincula con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, aunque expertos advierten que su implementación en economías emergentes como México presenta retos distintos en materia de productividad, costos y competitividad.
El tema continúa generando discusión entre autoridades, empresarios y especialistas, quienes coinciden en que se trata de una de las reformas laborales más relevantes en México en las últimas décadas.
