San Diego – Por primera vez desde su despido, el ex superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Diego, Lamont Jackson, ha ofrecido su versión de los hechos que llevaron a su destitución, la cual tuvo un impacto negativo significativo en su carrera. En un comunicado reciente, Jackson negó de manera categórica las acusaciones de acoso sexual que se han formulado en su contra.
Jackson, quien ha dedicado más de 30 años al servicio del distrito, expresó que ha mantenido una conducta profesional durante toda su carrera y que las alegaciones en su contra no corresponden con su comportamiento. Según sus declaraciones, nunca se comportaría de la manera que se le ha acusado.
El pasado mes de agosto, la junta escolar del distrito votó de manera unánime para despedir a Jackson tras considerar creíbles las acusaciones formuladas en su contra. Esta decisión fue el resultado de una investigación interna que encontró sustento en las alegaciones presentadas.
Por otro lado, la abogada de las dos mujeres que han acusado a Jackson de mala conducta ha defendido firmemente las afirmaciones de sus clientas. Tavga Bustani, una de las demandantes, sostiene que fue degradada laboralmente después de rechazar las insinuaciones sexuales de Jackson. Según Bustani, el ex superintendente le expresó repetidamente su interés sexual bajo el pretexto de hablar sobre oportunidades profesionales.
La demanda presentada alega que Jackson insinuó que habría un “intercambio de avances por relaciones íntimas” en el entorno laboral. La situación se agravó cuando Monika Hazel, otra administradora del distrito que trabajó desde 2017 hasta 2023, presentó un reclamo el 12 de julio. Hazel acusa a Jackson de haberla llamado “su esposa del trabajo” y de haber intentado que lo acompañara a su casa, a una habitación de hotel e incluso a Las Vegas. Según Hazel, tras rechazar las propuestas de Jackson, experimentó una degradación en su puesto.
El caso sigue en desarrollo, y el ex superintendente continúa negando todas las acusaciones en su contra, mientras que las demandantes mantienen sus afirmaciones y buscan justicia por lo que consideran un abuso de poder y acoso en el lugar de trabajo.
