La violencia hacia las mujeres no tiene fronteras. En una región donde miles de personas cruzan diariamente entre Tijuana y San Diego por trabajo, escuela, familia o trámites personales, las autoridades reconocieron que la victimización también puede ocurrir en ambos lados de la frontera.
Con ese contexto, se firmó un memorándum de entendimiento entre la fiscal de distrito del Condado de San Diego, Summer Stephan; la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade; y la directora del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California, Magdalena Bautista.
El acuerdo busca fortalecer la coordinación binacional para atender casos relacionados con violencia contra mujeres, especialmente cuando las víctimas, agresores o procesos legales involucran a ambos lados de la frontera.
Autoridades destacaron que la dinámica fronteriza hace necesario contar con mecanismos de colaboración más ágiles, debido a que muchas mujeres viven, trabajan o tienen redes familiares entre México y Estados Unidos, lo que puede complicar la denuncia, protección y seguimiento de los casos.
La firma del memorándum también representa un esfuerzo para mejorar el intercambio de información, la orientación a víctimas y la atención institucional en casos donde la violencia doméstica, familiar o de género cruza límites territoriales.
El objetivo principal es que las mujeres puedan recibir apoyo sin importar de qué lado de la frontera se encuentren, evitando que la división geográfica se convierta en una barrera para acceder a protección, justicia y acompañamiento.
Con este acuerdo, autoridades de San Diego y Baja California buscan reforzar una respuesta conjunta ante una problemática que afecta directamente a familias de la región binacional y que exige coordinación permanente entre instituciones de ambos países.
