El gobierno federal reiteró que los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias no buscan censurar contenidos ni castigar opiniones críticas, sino establecer obligaciones para que las empresas de radio y televisión garanticen mecanismos de atención y protección para sus públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la regulación no otorga al Estado la facultad de decidir qué información es verdadera ni permite imponer sanciones por pensar diferente. Señaló que los medios conservarán la responsabilidad sobre sus contenidos, líneas editoriales y criterios informativos.
La propuesta establece que los concesionarios deberán publicar un código de ética, designar a una persona defensora de las audiencias y habilitar mecanismos efectivos para recibir, atender y responder quejas, observaciones o inconformidades de radioescuchas y televidentes.
La intervención de la autoridad se limitaría al incumplimiento de esas obligaciones, como no contar con un código de ética, omitir el nombramiento de una defensoría o carecer de canales accesibles para que la ciudadanía presente reclamaciones.
Los lineamientos también contemplan que los programas permitan diferenciar con claridad entre información noticiosa, opiniones de conductores y contenidos publicitarios. Las transmisiones deberán identificar cuando se trate de publicidad, patrocinios, emplazamientos de productos o comentarios de carácter editorial.
El gobierno sostuvo que esta obligación no representa una restricción a la libertad de expresión, debido a que no determina qué pueden decir periodistas, comunicadores o conductores. Su propósito, explicó, es que las audiencias conozcan la naturaleza del contenido que reciben y cuenten con herramientas para inconformarse cuando consideren que sus derechos fueron vulnerados.
La legislación vigente establece que los concesionarios de radiodifusión y televisión o audio restringidos deben expedir códigos de ética y contar con defensorías de las audiencias. Estas instancias serán responsables de recibir, documentar y dar seguimiento a quejas, así como de emitir recomendaciones a los medios.
La discusión sobre estos derechos se remonta a las reformas constitucionales y legales en telecomunicaciones aprobadas desde la década pasada. El tema ha generado diferencias entre autoridades, especialistas y representantes de la industria respecto al alcance de la regulación y sus posibles efectos sobre la libertad editorial.
El gobierno aseguró que no se sancionarán contenidos ni posturas políticas, pero advirtió que las empresas de comunicación deberán cumplir con las medidas de transparencia, autorregulación y atención a las audiencias establecidas en la ley.
