Un residente de San Diego se declaró culpable en una corte federal por su participación en una red de tráfico de migrantes que operaba entre México y Estados Unidos, y que mantuvo a personas retenidas en Tijuana mientras exigía pagos de rescate a sus familiares.
El acusado fue identificado como Isaac Jimenez, ciudadano estadounidense, quien admitió haber coordinado eventos de cruce ilegal de migrantes desde México hacia Estados Unidos a cambio de dinero. De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, también reconoció haber cobrado pagos de rescate a familias de migrantes que, en lugar de ser cruzados, fueron retenidos contra su voluntad en Tijuana.
Las autoridades señalaron que al menos dos víctimas permanecen desaparecidas: un padre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y una joven de 20 años originaria de Tijuana. En ambos casos, sus familias realizaron múltiples pagos con la esperanza de lograr su liberación, pero las víctimas no volvieron a ser vistas.
Según el acuerdo judicial, aunque Jimenez no retuvo personalmente a los migrantes, sabía que sus cómplices cometían estos actos como parte del esquema de tráfico. A pesar de ello, continuó participando en la conspiración y realizó acciones para favorecerla.
En septiembre de 2024, Jimenez cobró 15 mil dólares a la esposa del hombre retenido en México y posteriormente trasladó el dinero al país para entregarlo a sus cómplices. Después de ese pago, la organización hizo nuevas exigencias económicas y amenazó con matar a la víctima si la familia no enviaba más dinero. Cuando los familiares ya no pudieron pagar, la comunicación con el grupo se detuvo. El paradero del hombre sigue siendo desconocido.
En diciembre de 2024, Jimenez también aceptó coordinar el cruce de una joven de 20 años desde Tijuana hacia Estados Unidos por una tarifa de 7 mil dólares. Sin embargo, antes de que la mujer fuera cruzada, los cómplices del acusado la retuvieron contra su voluntad y exigieron 30 mil dólares por su liberación.
La organización llegó a realizar videollamadas con el prometido y familiares de la joven, en las que presuntamente mostraron armas, la golpearon y amenazaron con matarla si no se cumplían las exigencias de rescate. Aunque la familia envió otros 10 mil dólares, la mujer no fue liberada y continúa desaparecida.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Jimenez aceptó pagar 24 mil 500 dólares a familiares de las víctimas, tanto por gastos funerarios y relacionados como por restitución parcial de los pagos realizados a la organización.
La sentencia de Jimenez está programada para el 11 de septiembre de 2026, ante la jueza federal Janis L. Sammartino.
El caso expone una faceta más violenta de las redes de tráfico de migrantes, donde las familias no solo pagan por un cruce ilegal, sino que pueden terminar enfrentando extorsiones, amenazas y desapariciones. Para las autoridades federales, la declaración de culpabilidad confirma el papel de intermediarios que, aun sin ejecutar directamente los secuestros, facilitan el funcionamiento de estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera.
