Recientes informes indican que los arrestos migratorios en San Diego han comenzado a desacelerarse en 2026 tras un año récord donde las detenciones aumentaron un 1,300%. Este freno coincide con el rechazo público tras operativos fatales en Minnesota y una opinión pública que, en un 65%, considera que el organismo ha “ido demasiado lejos”.
Pese a que el Gobierno asegura enfocarse en criminales peligrosos, los datos revelan otra realidad: casi el 60% de los detenidos en la región no tiene antecedentes penales ni cargos pendientes.
Aunque el nuevo secretario del DHS, Markwayne Mullin, propone un enfoque menos agresivo, las organizaciones civiles mantienen la guardia. Gracias a la vigilancia de más de 700 voluntarios, los arrestos en cortes y oficinas de trámites legales prácticamente se han detenido, aunque el uso de órdenes judiciales para extraer personas de cárceles locales sigue al alza.
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