San Diego | Esta mañana, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado, Terra Lawson-Remer, y la supervisora del Distrito 1, Paloma Aguirre, presentaron una demanda federal en nombre del condado contra el Departamento de Seguridad Nacional, ICE y la empresa privada CoreCivic, que opera el centro de detención de Otay Mesa. La acción legal busca garantizar el acceso para realizar una inspección sanitaria completa, tras denuncias de malas condiciones.\
El 20 de febrero, autoridades de salud del condado intentaron llevar a cabo una revisión programada bajo el Código de Salud y Seguridad de California. Aunque previamente se había autorizado la entrada de Lawson-Remer y Aguirre, la aprobación fue revocada minutos antes de su llegada.
El oficial de salud pública del condado, Dr. Sayone Thihalolipavan, logró ingresar brevemente al complejo, pero solo pudo revisar una cocina y dos áreas médicas. Se le negó el acceso a registros médicos, entrevistas con detenidos y políticas internas, elementos esenciales para una inspección completa.
Cuando las supervisoras intentaron integrarse al equipo de revisión, autoridades del centro les indicaron que la autorización había sido cancelada por líderes nacionales de ICE y les ordenaron retirarse. En una carta enviada el 3 de marzo, se reiteró la solicitud de acceso total, sin recibir respuesta. Las autoridades del condado advirtieron que la negativa podría constituir una violación de su derecho legal de inspección y adelantaron que emprenderían acciones legales.
La demanda llega en medio de denuncias sobre condiciones dentro del centro, donde migrantes reportan temperaturas extremas, atención médica insuficiente y alimentos en mal estado, acusaciones que el gobierno federal ha negado.
Ahora, un tribunal federal deberá determinar en los próximos meses si el condado tiene autoridad para realizar la inspección sanitaria completa y documentación de las condiciones, mientras que solo una entidad federal podría intervenir directamente para corregir deficiencias.
