Baja California — Dos agentes migratorios adscritos a la Oficina de Representación en Baja California están bajo investigación por presuntos actos ilícitos, según informó la Fiscalía General de la República. La suspensión de sus funciones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) se llevó a cabo sin revelar las identidades de los implicados.
En un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Gobernación, se especificó que uno de los empleados estaba asignado a la garita “El Chaparral” en Tijuana, mientras que el otro desempeñaba funciones administrativas. Los hechos que se les imputan se remontan al 29 de febrero pasado, cuando agentes federales llevaron a cabo un cateo en una residencia, donde fueron detenidos Marte Antonio Camacho Solano, coordinador de la Oficina del INM en Tijuana, y María Elizabeth Paredes Sánchez, secretaria del delegado estatal de la dependencia.
Durante el cateo, se encontraron armas de fuego y al menos 1.5 millones de pesos en efectivo en posesión de los detenidos. Sin embargo, el juez federal en Tijuana, Óscar Saúl Cortez Ortiz, declaró ilegal la detención a pesar de los hallazgos, ya que no se explicó la procedencia de 15 cartuchos de arma calibre .9 milímetros, 1 millón 90 mil pesos y 27 mil dólares en efectivo al momento de la captura.
Estas detenciones fueron dadas a conocer durante una conferencia presidida por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con la Fiscal María Elena Andrade Ramírez, en la que se confirmó la operación realizada por las autoridades. La situación plantea interrogantes sobre la presunta corrupción dentro del INM, así como la posible implicación en una red de trata de personas, que será objeto de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades competentes.
