Una jueza federal declaró en desacato al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por demorar el cumplimiento de una orden relacionada con las redadas migratorias realizadas en el área de Los Ángeles durante 2025.
La decisión fue emitida por la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien había ordenado al gobierno federal acelerar la creación de copias forenses de las comunicaciones almacenadas en teléfonos celulares personales utilizados por agentes durante los operativos.
La orden abarca dispositivos pertenecientes a más de 800 agentes de inmigración que participaron en las acciones de control migratorio. Los registros forman parte de un proceso judicial en el que se investigan denuncias de detenciones basadas presuntamente en la apariencia, el origen étnico y el tipo de trabajo de las personas.
Ante la falta de cumplimiento, la jueza impuso al gobierno federal una multa de 500 dólares por cada día de retraso. También ordenó que se cubran los gastos legales que los abogados de los demandantes tuvieron que realizar para exigir la preservación y entrega de la información.
Los representantes del Departamento de Seguridad Nacional reconocieron previamente que no habían proporcionado todos los registros solicitados. También informaron que procesaban los dispositivos gubernamentales a un ritmo de aproximadamente tres teléfonos cada dos semanas.
Los demandantes advirtieron que, de mantenerse esa velocidad, completar la revisión podría tomar casi cuatro años. Argumentaron que el retraso pone en riesgo evidencia relevante para determinar cómo se planificaron y ejecutaron las redadas.
Los teléfonos podrían contener mensajes, instrucciones, fotografías y otras comunicaciones intercambiadas entre agentes antes y durante los operativos. Los abogados buscan establecer si existieron órdenes internas que promovieran detenciones sin sospecha individualizada o prácticas de perfilamiento racial.
Documentos y grabaciones presentados durante el litigio incluyen expresiones despectivas presuntamente utilizadas por algunos agentes para referirse a trabajadores latinos. Estas pruebas forman parte de las acusaciones de los demandantes y todavía deberán ser evaluadas por el tribunal.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las críticas y sostuvo que sus agentes se encuentran concentrados en proteger a la población estadounidense. La dependencia no anunció de inmediato cómo acelerará la recopilación de los dispositivos después de la declaración de desacato.
La resolución no suspende automáticamente los operativos migratorios en Los Ángeles, pero aumenta la presión judicial para que el gobierno preserve y entregue la evidencia solicitada. El caso continuará mientras el tribunal analiza si las prácticas denunciadas vulneraron derechos constitucionales.
