El Concejo de Los Ángeles está a punto de aprobar una ordenanza que formalizaría el estatus de la ciudad como “ciudad santuario”, limitando la cooperación de la policía y el uso de recursos municipales en la aplicación de leyes migratorias federales. Aunque medidas similares ya están en vigor, la nueva legislación consolidaría estas políticas de protección hacia los inmigrantes de forma permanente. La ordenanza reforzaría las políticas existentes, como la Orden Especial 40, que instruye a los oficiales a no investigar el estatus migratorio de los residentes.
El jefe de la policía local, Jim McDonnell, ha reiterado que el Departamento de Policía de Los Ángeles no participará en acciones de control migratorio, subrayando la importancia de mantener la confianza de la comunidad inmigrante. De aprobarse, la medida podría enfrentar desafíos por parte de la administración federal entrante, que ha adoptado una postura más estricta en temas de inmigración. Sin embargo, para Los Ángeles, esta acción sería una reafirmación de su compromiso con la seguridad y el bienestar de todas sus comunidades, independientemente de su estatus migratorio.
La aprobación de la ordenanza reflejaría un esfuerzo por codificar de manera permanente una política que protege a los inmigrantes, garantizando que Los Ángeles siga siendo un espacio seguro e inclusivo. La medida no solo tiene un impacto práctico en la interacción de la ciudad con las autoridades federales, sino que también simboliza un respaldo continuo a las políticas de derechos civiles y protección de los inmigrantes que han sido una constante en la historia reciente de la ciudad.
