El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, planea vender o transferir almacenes adquiridos en Salt Lake City y otras seis ciudades, de acuerdo con un reporte citado por medios locales.
La información señala que la agencia busca desprenderse de siete instalaciones compradas por más de 700 millones de dólares, las cuales habían sido contempladas para posibles operaciones relacionadas con detención migratoria.
Uno de los inmuebles se encuentra en Salt Lake City, donde el Departamento de Seguridad Nacional adquirió en marzo un almacén de aproximadamente 833 mil pies cuadrados, ubicado en 6020 W. 300 South, por 145.4 millones de dólares.
La posible venta ocurre en medio de cuestionamientos sobre el uso de estas instalaciones, los costos operativos y las preocupaciones de autoridades locales sobre quién asumiría gastos de servicios públicos y adecuaciones en caso de que los inmuebles fueran convertidos en centros de detención.
Autoridades de Salt Lake City indicaron que, hasta el momento, no han recibido información formal del Departamento de Seguridad Nacional sobre si el almacén local será vendido o transferido a otra agencia federal.
El tema ha generado debate en Utah, donde funcionarios locales y grupos comunitarios han expresado oposición a la posibilidad de convertir el almacén en una instalación de detención migratoria.
En respuesta, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional señaló que la dependencia se mantiene enfocada en remover del país a personas consideradas como criminales extranjeros y que evalúa los mejores métodos para hacerlo. La agencia también indicó que busca utilizar espacios de detención ya existentes mediante acuerdos con socios estatales y de condados.
La revisión de estos inmuebles apunta a un posible cambio en la estrategia federal sobre infraestructura de detención migratoria, al priorizar espacios existentes en lugar de avanzar con nuevas instalaciones adquiridas recientemente.
El caso de Salt Lake City permanece bajo observación, mientras autoridades locales esperan claridad sobre el futuro del inmueble y las comunidades involucradas continúan cuestionando el impacto que una instalación de este tipo podría tener en la región.
