Maestros, estudiantes y padres de familia se manifestaron este jueves frente a la oficina del asambleísta por el Distrito 80, David Álvarez, para exigir que la Legislatura Estatal proteja el financiamiento garantizado para la educación pública mediante la Proposición 98.
Los participantes advirtieron que más de 200 millones de dólares podrían dejar de llegar a escuelas públicas del Condado de San Diego si no se realizan cambios al presupuesto estatal aprobado este lunes en Sacramento.
De acuerdo con los organizadores, el año pasado se retuvieron 1.9 mil millones de dólares de fondos protegidos por la Proposición 98 como parte de las medidas para enfrentar el déficit estatal. Además, señalaron que el presupuesto aprobado contempla la retención de otros 3.9 mil millones de dólares, lo que podría profundizar las afectaciones en los distritos escolares.
Los educadores argumentan que una reducción en estos recursos tendría un impacto directo en escuelas que atienden a estudiantes de bajos ingresos, familias migrantes y comunidades militares, donde los programas de apoyo académico, servicios estudiantiles y personal escolar dependen en gran medida del financiamiento estatal.
La protesta buscó presionar a legisladores estatales para revisar el presupuesto y evitar recortes o retenciones que, según los manifestantes, pondrían en riesgo servicios esenciales dentro de las aulas.
Padres de familia y docentes señalaron que la educación pública no debe ser utilizada como una variable de ajuste presupuestal, especialmente en comunidades donde las escuelas funcionan como centros de apoyo, alimentación, orientación y estabilidad para miles de estudiantes.
El llamado frente a la oficina de Álvarez forma parte de una movilización más amplia para exigir que la Proposición 98 se respete como una garantía de inversión mínima en educación pública y no como un fondo sujeto a recortes durante periodos de presión fiscal.
Los manifestantes pidieron que la Legislatura Estatal actúe antes de que los distritos escolares enfrenten nuevas reducciones que puedan traducirse en menos programas, menos personal y menos recursos para estudiantes que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
