La propuesta de aplazar al 4 de junio de 2028 la elección judicial prevista para 2027 abrió un nuevo debate sobre el futuro del Poder Judicial en México, luego de que el abogado Leonardo Abarca Jiménez advirtió que el cambio de fecha no modificaría el objetivo de fondo: consolidar un mayor control político sobre las instituciones judiciales.
El socio director de Grupo UNO Abogados señaló que el aplazamiento no debía entenderse únicamente como un ajuste técnico o administrativo. Desde su análisis, la modificación evidenció las fallas estructurales del modelo aprobado en 2024, particularmente en lo relacionado con la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
Abarca Jiménez sostuvo que, bajo una narrativa de simplificación de boletas y fortalecimiento de filtros, el trasfondo de la propuesta tendría una dimensión política. El especialista consideró que el año adicional permitiría al partido oficialista reorganizar candidaturas, afinar mecanismos internos y fortalecer su influencia en el proceso de selección judicial.
La reforma contempla la creación de una Comisión Coordinadora tripartita y de Comités de Evaluación, encargados de aplicar exámenes y reducir candidaturas mediante mecanismos de selección. Sin embargo, el abogado advirtió que, en un contexto de amplias mayorías legislativas, estos filtros podrían convertirse en herramientas de control político bajo una apariencia técnica.
“El objetivo central del oficialismo nunca fue democratizar la justicia, sino tomar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rediseñar el equilibrio institucional; meta que ya fue alcanzada”, señaló Abarca Jiménez.
De acuerdo con el análisis del jurista, los cambios administrativos, como reducir candidaturas o modificar fechas, no resolverían los problemas de fondo del modelo. Por el contrario, podrían perfeccionar una estructura en la que el Ejecutivo y el Legislativo ya mantienen una posición dominante sobre la Suprema Corte y sobre órganos de disciplina judicial.
Uno de los puntos más sensibles, según Abarca Jiménez, fue el papel del Tribunal de Disciplina Judicial, al considerar que podría generar incentivos de presión indirecta sobre jueces y magistrados. Desde su perspectiva, la independencia judicial puede erosionarse gradualmente cuando los mecanismos de supervisión quedan expuestos a intereses políticos.
El especialista también cuestionó la posible coincidencia de los comicios judiciales de 2028 con una eventual revocación de mandato presidencial, al considerar que esto podría añadir una fuerte carga partidista a un proceso que debería centrarse exclusivamente en capacidades técnicas, trayectoria profesional y méritos jurídicos.
Para Abarca Jiménez, una reforma orientada realmente a fortalecer la justicia tendría que regresar a un sistema meritocrático, basado en experiencia, exámenes de oposición, trayectoria y calidad profesional. En su opinión, los jueces no deben construir popularidad electoral, sino credibilidad jurídica a través de sus resoluciones.
El abogado concluyó que el control simultáneo de la Corte, los órganos disciplinarios y los filtros de selección no representaría una simple modernización institucional, sino un posible riesgo para el sistema de pesos y contrapesos en México. La discusión, aseguró, debería centrarse no solo en la fecha de la elección, sino en el impacto que el modelo puede tener sobre la independencia judicial.
