San Diego

San Diego aprueba nuevas restricciones contra corrupción

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó nuevas medidas para limitar posibles conflictos de interés relacionados con mercados de predicción y actividades de cabildeo, con el objetivo de fortalecer las reglas éticas para funcionarios y empleados públicos.

Una de las propuestas buscó impedir que funcionarios y determinados trabajadores del condado utilizaran información confidencial obtenida durante sus labores para realizar apuestas o comprar contratos en plataformas de mercados de predicción.

La presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, explicó que la intención fue establecer reglas preventivas antes de que surgieran casos de uso indebido de información privilegiada dentro del gobierno del condado.

La medida instruyó al personal administrativo a presentar, dentro de un plazo de dos meses, opciones para prohibir operaciones relacionadas directamente con las funciones de un empleado o con información que todavía no fuera pública.

También se analizaría exigir que ciertos funcionarios revelaran sus inversiones o participaciones en mercados de predicción, además de impedir que exempleados aprovecharan información relacionada con asuntos que atendieron mientras trabajaban para el condado.

La segunda parte de la iniciativa planteó establecer una prohibición de dos años para que exfuncionarios y exempleados realicen actividades de cabildeo ante el Condado de San Diego después de abandonar sus puestos.

Actualmente, el condado dependía principalmente de una restricción estatal de un año para determinados contratos de cabildeo directo, por lo que la nueva propuesta buscó crear reglas locales más estrictas.

Los supervisores también solicitaron analizar mecanismos para cerrar posibles vacíos legales que permitieran a antiguos funcionarios dirigir estrategias de cabildeo detrás de escena sin contactar personalmente a autoridades.

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La propuesta surgió en medio del crecimiento de plataformas donde usuarios pueden apostar sobre acontecimientos políticos, económicos y gubernamentales, generando nuevas preocupaciones sobre el posible uso de información privilegiada.

Las nuevas restricciones buscaron evitar que el servicio público pudiera convertirse en una oportunidad de beneficio económico personal, mientras el condado avanzó en la elaboración de las reglas definitivas que deberán regresar posteriormente a consideración de la Junta.

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