San Diego | La ciudad de San Diego se convirtió en la ciudad número 16 en unirse a la demanda colectiva contra la orden ejecutiva firmada por la nueva Secretaria de Justicia, Pam Bondi, durante su toma de protesta. Esta orden ejecutiva busca recortar fondos federales a las ciudades santuario, entendidas como jurisdicciones que prohíben el uso de recursos del gobierno local o estatal para cooperar con las autoridades federales de inmigración.
El 27 de febrero, San Diego se unió a una lista de ciudades californianas, como San Francisco y San José, para demandar la aplicación del Proyecto de Ley Estatal 54, aprobado en 2017, el cual limita la capacidad de las jurisdicciones locales para cooperar con la aplicación de la ley de inmigración federal. Alegan que la orden ejecutiva de recortar fondos federales para ciudades santuario es inconstitucional.
Entre las 14 órdenes ejecutivas firmadas, se incluye la pausa en el envío de dinero del Departamento de Justicia y el recorte de fondos a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a migrantes de las ciudades santuario.
Una de las demandas argumenta que el presidente no puede diferir o eliminar fondos sin la aprobación del Congreso. Además, el abogado de la ciudad advierte que este tipo de amenazas impacta en la labor policial, al desviar recursos limitados de sus funciones esenciales de seguridad pública.
Entre las subvenciones en riesgo se encuentra una asignación de $8 millones del Departamento de Justicia para el Departamento de Policía de San Diego, destinada a pruebas forenses y grupos de trabajo. Mientras tanto, El Cajón, sujeto a la ley SB 54, planea colaborar con autoridades federales en ciertas circunstancias, desafiando la normativa estatal. Aunque la demanda está en etapas iniciales, en 2017 las ciudades santuario lograron revocar un intento similar del expresidente Trump.
