Las supervisoras del condado de San Diego Paloma Aguirre y Terra Lawson-Remer impulsaron una propuesta para terminar los acuerdos que permitieron a agencias federales de inmigración utilizar instalaciones del condado para entrenamiento con armas de fuego. La Junta de Supervisores tenía previsto votar la medida el martes 18 de agosto.
Propuesta alcanzó instalaciones utilizadas por ICE y CBP
La iniciativa buscó finalizar los acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para utilizar el San Diego Regional Firearms Training Center, ubicado en Alta Road, en Otay Mesa.
Las supervisoras también propusieron terminar un acuerdo que permitió a ICE utilizar una instalación de entrenamiento en Camp Elliott, dentro de Marine Corps Air Station Miramar. Se argumento que permitir ese acceso resultó contrario a las políticas adoptadas por el condado para restringir la participación de recursos locales en determinadas actividades federales de inmigración.
Acuerdos permanecieron vigentes durante varios años
El centro de entrenamiento de armas de fuego propiedad del condado fue construido en 1996 mediante una asociación con el FBI y posteriormente fue operado junto con las oficinas del fiscal de distrito y del sheriff. El acuerdo de licencia que permitió a ICE utilizar las instalaciones entró en vigor en julio de 2021.
Aguirre y Lawson-Remer sostuvieron que mantener los convenios entró en conflicto con las reglas del condado relacionadas con libertades civiles y el acceso de autoridades federales a instalaciones locales. Ambas supervisoras anunciaron públicamente su intención de poner fin a esos acuerdos antes de que la propuesta llegara a votación.
La decisión quedó en manos de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, que tenía programado considerar la propuesta el martes 18 de agosto y determinar si ICE y CBP continuarían utilizando instalaciones del condado para sus entrenamientos con armas de fuego.
