El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel fue trasladado a la Ciudad de México después de ser detenido por una orden de aprehensión relacionada con la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Ruffo Appel, de 74 años, había sido el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, luego de que en 1989 ganó la gubernatura de Baja California y rompió con décadas de dominio del Partido Revolucionario Institucional en el estado.
Las imágenes del operativo mostraron el momento en que el exmandatario panista ingresó bajo custodia a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana. La detención había ocurrido alrededor de la una de la tarde en el puerto de Ensenada, desde donde posteriormente fue trasladado a la delegación federal.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la investigación federal se había concentrado en la empresa INGEMAR, dedicada a la importación de combustibles y en la cual Ruffo participaba como socio. Las autoridades investigaban si las operaciones de la compañía habían tenido relación con un esquema de contrabando y evasión fiscal vinculado con combustibles.
La captura generó reacciones entre antiguos colaboradores, familiares y representantes de Acción Nacional, quienes cuestionaron tanto el procedimiento como el despliegue realizado por las autoridades. El exalcalde de Tijuana Héctor Osuna aseguró que existía preocupación por lo que consideró un operativo innecesario y calificó la actuación gubernamental como autoritaria.
La tensión aumentó en el exterior de la delegación de la FGR cuando Verónica Ruffo, hija del exgobernador, intentó ingresar para comunicarse con su padre, pero las autoridades le impidieron el acceso. La mujer expresó que la familia se encontraba consternada y preocupada, aunque aseguró que mantendría la fortaleza necesaria para respaldarlo durante el proceso legal.
Legisladores panistas también señalaron que la detención habría tenido un posible trasfondo político. Según su postura, el caso habría sido utilizado para modificar la agenda pública y desviar la atención de otras controversias relacionadas con el gobierno de Baja California.
El senador del PAN Max García sostuvo que Ruffo era socio minoritario de la empresa investigada y afirmó que no participaba directamente en su operación. El legislador consideró que, en caso de comprobarse alguna irregularidad, las autoridades tendrían que determinar quiénes habían tenido responsabilidad directa en las decisiones y actividades de la compañía.
Alrededor de las 8:25 de la noche, Ruffo fue retirado de las instalaciones federales bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Entre el tumulto, un colaborador consiguió acercarse al vehículo para informarle que el abogado Fernando Gómez Mont ya lo esperaba.
El exgobernador fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con el proceso judicial y quedar a disposición de las autoridades responsables de la investigación. El caso abrió una nueva confrontación política en Baja California, mientras la defensa preparaba su estrategia y la Fiscalía avanzaba en la presentación de las acusaciones.
