El Departamento de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema suspender una orden judicial que bloquea las llamadas redadas migratorias “itinerantes” en Los Ángeles. Estas operaciones permitirían a los agentes detener e interrogar a personas únicamente por hablar español o por su apariencia física, en lugares como centros de trabajo, escuelas o templos.
En su escrito, el gobierno argumenta que la aparente etnicidad y el uso exclusivo del español pueden ser considerados factores para establecer “sospecha razonable” de estancia ilegal, citando que un supuesto 10% de la población del distrito vive sin documentos y podría estar involucrada en delitos. La petición no presentó evidencia que respalde esta cifra.
El planteamiento ha generado preocupaciones por un posible perfilamiento racial, ya que permitiría a agentes de ICE actuar con criterios basados en idioma o rasgos físicos. Organizaciones de derechos civiles advierten que la medida podría derivar en detenciones indiscriminadas contra comunidades latinas, independientemente de su estatus migratorio.
