El gobierno de Trump ordenó revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que hayan cometido delitos, usando procesos civiles que restringen su derecho a defensa. El memorando del 11 de junio permite al Departamento de Justicia despojar de la nacionalidad a quienes obtuvieron la ciudadanía con fraude u omisiones, aplicando un estándar de prueba más bajo y sin garantizar representación legal.
La medida busca despojar de la ciudadanía a personas condenadas por crímenes de guerra, abusos graves o delitos que amenacen la seguridad nacional, así como a quienes hayan cometido fraudes en trámites migratorios.
Expertos en migración han alertado que estos procedimientos podrían vulnerar derechos fundamentales y crear una “segunda clase de ciudadanos”, al privar a los acusados de acceso a defensa legal.
