El presidente afirma que su prioridad es expulsar a millones de personas, aunque eso implique ignorar garantías constitucionales
Estados Unidos | En medio de su segunda presidencia, Donald Trump ha reavivado el debate constitucional al declarar que su promesa de ejecutar la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos podría prevalecer sobre el derecho al debido proceso legal, incluso si esto va en contra de la Quinta Enmienda.
Durante una entrevista reciente, Trump cuestionó abiertamente si los inmigrantes deben tener derecho a defenderse ante un juez antes de ser deportados. “No lo sé. No soy abogado”, dijo, agregando que un proceso judicial ralentizaría su plan para expulsar a millones de personas, incluidos supuestos integrantes del Tren de Aragua, una banda delictiva venezolana. Esta postura contrasta con declaraciones previas del secretario de Estado Marco Rubio, quien aseguró que todas las personas en EE.UU. tienen derecho al debido proceso.
La Corte Suprema ha fallado reiteradamente que los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, tienen derechos fundamentales. Sin embargo, la administración Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar deportaciones sin juicio, argumentando que ciertos grupos representan una amenaza similar a la de una invasión extranjera. Esta interpretación ha sido frenada por tribunales en múltiples ocasiones.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión. Otro grupo de hombres fue detenido y casi enviado a El Salvador hasta que la Corte Suprema bloqueó la operación a última hora. Expertos legales denuncian que la administración ha intentado eludir decisiones judiciales para acelerar deportaciones, con implicaciones graves para los derechos humanos.
