La administración del presidente Donald Trump reactivó la denominada regla de “carga pública”, una política migratoria que podría impedir la obtención de la residencia permanente a ciertos inmigrantes que hayan utilizado programas de asistencia pública en Estados Unidos. La medida entrará en vigor el 18 de septiembre y forma parte de una nueva estrategia para endurecer los requisitos de inmigración legal.
La norma fue publicada en el Registro Federal y establece que las autoridades migratorias deberán evaluar si un solicitante de la residencia permanente podría convertirse en una carga para el Estado. Para ello, los oficiales analizarán cada caso de manera individual, considerando distintos factores relacionados con la autosuficiencia económica del solicitante.
La política fue aplicada por primera vez durante el primer mandato de Trump en 2020, pero fue revocada posteriormente por la administración del expresidente Joe Biden. Su restablecimiento se produjo en medio de una estrategia más amplia enfocada en restringir tanto la inmigración irregular como algunos mecanismos de inmigración legal.
Aunque la nueva regulación no enumeró de manera específica qué beneficios públicos provocarían automáticamente un rechazo, organizaciones defensoras de inmigrantes advirtieron que el cambio podría generar temor entre familias que reciben apoyos como Medicaid, cupones de alimentos o asistencia para vivienda, aun cuando tengan derecho legal a esos programas.
Diversos especialistas señalaron que el número de personas que finalmente podrían perder la posibilidad de obtener una residencia permanente sería relativamente reducido. Sin embargo, también advirtieron que el impacto podría extenderse a miles de familias que opten por dejar de solicitar servicios públicos por temor a afectar futuros trámites migratorios.
La reactivación de la regla abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos, mientras organizaciones civiles anticiparon posibles impugnaciones legales y el gobierno defendió la medida como un mecanismo para garantizar que quienes soliciten la residencia permanente puedan mantenerse sin depender de recursos públicos.
