Estados Unidos presentó una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un caso que provocó la muerte de cuatro personas y que volvió a elevar la tensión entre Washington y La Habana.
La imputación se relacionó con un episodio ocurrido hace casi tres décadas, cuando aeronaves operadas por el grupo de exiliados cubanos fueron derribadas por fuerzas cubanas. En ese momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, por lo que las autoridades estadounidenses buscaron vincularlo con la cadena de mando relacionada con el ataque.
El caso tuvo un fuerte peso político y simbólico para la comunidad cubanoamericana en Florida, donde el derribo de las avionetas fue considerado durante años como una herida abierta. Las víctimas eran integrantes de una organización que realizaba vuelos vinculados con labores de apoyo a migrantes cubanos en el mar.
La decisión judicial también se produjo en un contexto de mayor presión de Estados Unidos hacia Cuba. La administración del presidente Donald Trump mantuvo una postura más dura contra el gobierno cubano, con medidas diplomáticas, económicas y judiciales orientadas a incrementar el costo político para la dirigencia de la isla.
Raúl Castro, de 94 años, había dejado formalmente la presidencia de Cuba en 2018 y posteriormente se retiró de la jefatura del Partido Comunista, aunque continuó siendo una figura de alto peso dentro del sistema político cubano. Su nombre siguió asociado a las decisiones históricas del gobierno cubano y al círculo de poder que sucedió a Fidel Castro.
La imputación abrió un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, marcadas por décadas de sanciones, confrontación diplomática y reclamos pendientes. También colocó nuevamente bajo atención internacional el derribo de 1996, un hecho que Estados Unidos consideró un crimen y que Cuba defendió históricamente como una acción vinculada a su seguridad nacional.
El avance del caso podría tener implicaciones legales y diplomáticas importantes, aunque su alcance práctico dependería de los siguientes pasos judiciales y de la respuesta del gobierno cubano. La acusación dejó claro que Washington buscó reactivar expedientes históricos como parte de una estrategia más amplia de presión contra La Habana.
