El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acciones de desnaturalización contra 17 personas acusadas de haber obtenido la ciudadanía estadounidense de manera ilegal o mediante ocultamiento de información relevante durante sus procesos migratorios.
De acuerdo con el anuncio federal, los casos fueron presentados en distintos tribunales de distrito y están relacionados con delitos graves, entre ellos abuso sexual de menores, fraude bancario, fraude electrónico, lavado de dinero, tráfico de drogas, robo de identidad y esquemas migratorios fraudulentos.
Las autoridades señalaron que, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía de una persona naturalizada puede ser revocada si se demuestra que fue obtenida ilegalmente, mediante ocultamiento de hechos materiales o a través de declaraciones falsas intencionales.
El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que la ciudadanía estadounidense es un privilegio y sostuvo que el gobierno mantendrá una política de cero tolerancia contra quienes, según las autoridades, hayan mentido sobre antecedentes criminales o actividades ilícitas durante el proceso de naturalización.
Entre los casos mencionados se encuentran personas originarias de países como Cuba, Haití, Colombia, México, India, Jamaica, Somalia, China, Filipinas y República Dominicana, acusadas de ocultar delitos previos o conductas ocurridas durante el periodo en el que debían demostrar buen carácter moral para obtener la ciudadanía.
Uno de los casos involucra a una mujer originaria de Cuba acusada de participar en un esquema de fraude médico por más de 36 millones de dólares en Florida. Otro caso señalado corresponde a una persona originaria de Haití acusada de haber ocultado abusos sexuales contra una menor durante su proceso de naturalización.
También figura el caso de una mujer originaria de México, señalada por presuntamente haber obtenido beneficios migratorios al presentar información falsa sobre la identidad de su esposo. En otro expediente, un hombre originario de India fue acusado de presentar peticiones fraudulentas de visas H-1B antes de naturalizarse.
Las autoridades indicaron que las demandas civiles buscan cancelar certificados de naturalización y revocar la ciudadanía de las personas señaladas. En varios expedientes, el gobierno argumentó que los acusados no habrían sido elegibles para naturalizarse si las conductas ocultadas hubieran sido conocidas por las autoridades migratorias.
Los casos fueron impulsados por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, con apoyo de USCIS, ICE y distintas fiscalías federales en estados como California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Maryland, Minnesota, Nevada y Nueva Jersey.
El anuncio forma parte de una estrategia federal más amplia para revisar casos de ciudadanía obtenida presuntamente mediante fraude, falsas declaraciones o encubrimiento de delitos. Las demandas deberán avanzar en tribunales, donde corresponderá determinar si existen elementos suficientes para cancelar la naturalización de cada persona señalada.
