San Diego | La administración federal está promoviendo activamente la autodeportación de inmigrantes indocumentados, incluidos beneficiarios del programa DACA. El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado que estas personas pueden utilizar la aplicación “CBP One” para salir del país de forma voluntaria.
Aunque anteriormente Donald Trump expresó cierto respaldo a los “dreamers”, su postura ha cambiado. La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: “DACA no confiere ningún estatus legal en este país. Cualquier beneficiario puede ser arrestado y deportado”.
DACA, creado en 2012, protege de la deportación a unos 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo menores y sin estatus migratorio. Solo en San Diego residen aproximadamente 40 mil beneficiarios. Aunque el programa no ofrece un camino hacia la ciudadanía, sí permite trabajar legalmente y renovar el estatus cada dos años.
Recientemente, el gobierno ha endurecido su enfoque: promueve la salida voluntaria y ha restringido beneficios como seguros médicos y asistencia estudiantil. Un caso reciente es el de Erick Hernández, un beneficiario de DACA detenido por error al cruzar la frontera en San Ysidro, quien ahora enfrenta un proceso de deportación acelerado.
Expertos legales aclaran que DACA sí otorga protección legal, aunque únicamente dentro del territorio de Estados Unidos, y advierten que el mensaje oficial tiene un trasfondo político.
Líderes comunitarios comparten los siguientes recursos para quienes se benefician del programa:
