Estados Unidos | Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció nuevas medidas para endurecer el proceso de asilo, las cuales incluyen el rechazo inmediato de solicitudes de aquellos migrantes que presenten ciertos antecedentes penales.
Esta medida, que entró en vigor inmediatamente, afectará a migrantes de hasta 66 países que llegan a la frontera de San Diego.
Según el DHS, las solicitudes serán denegadas dentro de los primeros días si se descubre evidencia de involucramiento en actividades relacionadas con terrorismo, antecedentes que supongan un riesgo para la seguridad nacional o delitos graves cometidos por el solicitante.
Esta política ha generado preocupación entre los activistas de la frontera entre Tijuana y San Diego, quienes argumentan que la decisión sobre la elegibilidad para el asilo debería ser determinada por un juez de migración, y no meramente en base a la evaluación inicial de un oficial.
Activistas en la frontera de Tijuana y San Diego critican la decisión, argumentando que los jueces de migración deberían evaluar las solicitudes de asilo, no los oficiales en los puntos de entrada, ya que que no todos los migrantes han cometido los crímenes de los que se les acusa, especialmente en países con alta corrupción.
La preocupación se centra también en la efectividad y justicia del proceso, dado que algunos migrantes pueden ser erróneamente acusados en sus países de origen.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconoce que las medidas afectan a una minoría de los solicitantes de asilo y subraya que solo el Congreso puede proporcionar una solución duradera al sistema de inmigración.
