Cerca de 200 personas, entre ciudadanos y exfuncionarios de Baja California, se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana para exigir la liberación del exgobernador Ernesto Ruffo Appel y denunciar presuntas irregularidades en su proceso legal.
Ruffo Appel, de 74 años y primer gobernador de extracción panista en México, fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada durante un operativo de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, se le relaciona con una investigación por presunto contrabando de hidrocarburos vinculada con una empresa portuaria de la que es socio.
Después de ser trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana, un juez federal le impuso prisión preventiva y ordenó su traslado a la Ciudad de México. La medida provocó la movilización de simpatizantes, ciudadanos y antiguos funcionarios estatales, quienes calificaron la detención como arbitraria.
Ricardo Olvera, integrante de Somos México en Ensenada, señaló que un grupo de residentes viajó a Tijuana para exigir la liberación inmediata del exmandatario, a quien consideran un preso político.
Durante la protesta también estuvo presente el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, quien expresó preocupación por la seguridad y el estado de salud de Ruffo Appel. Aseguró que familiares del exmandatario habían enfrentado dificultades para entregarle sus medicamentos y para visitarlo.
Los asistentes comenzaron además una recolección de escritos dirigidos a las autoridades correspondientes, mediante los cuales solicitan que se respeten los derechos humanos del detenido y se garantice un proceso transparente.
El ciudadano Francisco García Burgos explicó que la intención es presentar formalmente las solicitudes de liberación y exigir que las actuaciones judiciales se desarrollen conforme al debido proceso.
Por su parte, el abogado tijuanense Alberto Capella calificó a Ruffo Appel como un preso político y atribuyó su situación a las condiciones de gobernabilidad que, desde su perspectiva, atraviesa Baja California.
Los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones y el seguimiento jurídico del caso hasta que se garantice la atención médica del exgobernador y las autoridades respondan a las peticiones de revisión de su proceso.
