La detención de Ernesto Ruffo Appel representa mucho más que el proceso penal contra un antiguo gobernador. Se trata de una figura que marcó un punto de quiebre en la historia política de México al encabezar en 1989 la primera gran alternancia estatal de la época moderna. Por eso, cualquier actuación de las autoridades en su contra debe estar respaldada por pruebas sólidas, procedimientos transparentes y un respeto absoluto a la presunción de inocencia.
Nadie debe estar por encima de la ley, pero la ley tampoco puede aplicarse de manera selectiva. Cuando las investigaciones avanzan con velocidad contra adversarios políticos mientras los expedientes relacionados con aliados del poder parecen estancarse, se debilita la confianza ciudadana. La justicia pierde legitimidad cuando surge la sospecha de que sus tiempos y decisiones responden a conveniencias políticas.
El gobierno tiene la obligación de aclarar las acusaciones y permitir que la defensa conozca plenamente el expediente. Investigar no significa condenar, y una detención no puede convertirse anticipadamente en una sentencia pública. Un Estado democrático se demuestra precisamente cuando garantiza los derechos de las personas que resultan incómodas para quienes gobiernan.
Hoy el señalado es Ernesto Ruffo Appel, pero el verdadero mensaje alcanza a toda la sociedad. Normalizar los abusos porque afectan a alguien con quien no coincidimos abre la puerta para que mañana se repitan contra cualquier ciudadano. La defensa del debido proceso no equivale a declarar inocente a una persona; significa impedir que el poder sustituya a la justicia y que el silencio termine convirtiéndose en complicidad.
