La propuesta establece límites para proteger a residentes y visitantes, independientemente de su estatus migratorio, identidad de género, discapacidad o decisiones de salud, exige que todas las entidades que reciban fondos públicos cumplan con los estándares de órdenes judiciales y no cooperación de la ciudad. La ordenanza también prohíbe la participación en acciones de aplicación de la ley discriminatorias o no autorizadas que apunten a individuos basados en características protegidas. Asimismo, establece reglas de privacidad de datos y requiere educación multilingüe sobre los derechos en todos los sitios financiados por la ciudad.
Esta iniciativa se basa en leyes estatales como la Ley de Valores de California y la Ley TRUTH, que exigen transparencia en la cooperación con agencias federales de inmigración y protegen los derechos de los residentes frente a detenciones sin orden judicial.
Informan que esta iniciativa no busca interferir con las operaciones legales de seguridad pública, sino garantizar que la ley y el orden se mantengan con transparencia.
Críticos argumentan que la ordenanza podría limitar la capacidad de las fuerzas del orden para abordar eficazmente las amenazas a la seguridad pública, así también preocupa el uso de presupuesto en medio de una crisis financiera.
La propuesta será sometida a votación en las próximas sesiones del Concejo.
