Disneyland Resort enfrentó una demanda colectiva por $5 millones relacionada con el uso de tecnología de reconocimiento facial en los accesos de sus parques en Anaheim, California. La acusación señaló que la empresa no habría informado de manera adecuada a los visitantes sobre la recopilación de datos biométricos ni habría obtenido consentimiento suficiente antes de implementar esta herramienta.
El recurso legal fue presentado por Summer Christine Duffield, residente del condado de Riverside, quien aseguró haber visitado Disneyland con sus hijos menores. La demanda sostuvo que Disneyland y Disney California Adventure habrían utilizado información biométrica de visitantes, incluidos menores de edad, sin proporcionar una autorización clara y por escrito.
La tecnología cuestionada fue aplicada en los accesos de los parques con el objetivo de verificar la identidad de los visitantes, reducir fraudes y evitar el uso indebido de boletos o pases. El sistema habría tomado imágenes de las personas al ingresar y las habría comparado con fotografías asociadas al primer uso de una entrada o pase.
De acuerdo con los señalamientos legales, las imágenes fueron transformadas en datos biométricos para identificar coincidencias. La demanda argumentó que los visitantes debieron recibir información más clara sobre el procesamiento de sus datos faciales y contar con una opción explícita para aceptar o rechazar su uso.
El caso también abrió preocupación sobre la privacidad de menores de edad y familias que acudieron a los parques sin comprender completamente que sus rostros podían ser procesados como información sensible. Para la parte demandante, el uso de esta tecnología planteó dudas sobre consentimiento, transparencia y manejo de datos personales.
Disneyland rechazó las acusaciones y sostuvo que protegió la información personal de sus visitantes. La empresa también señaló que existían opciones para ingresar por carriles sin reconocimiento facial, aunque la controversia continuó centrada en la claridad de la notificación y el alcance real del consentimiento.
La demanda colocó nuevamente bajo debate el uso de herramientas biométricas en espacios de entretenimiento familiar. El caso avanzó como parte de una discusión más amplia sobre privacidad, vigilancia digital y límites tecnológicos en lugares privados con alta afluencia pública.
