Una serie de decisiones recientes de autoridades estadounidenses volvió a colocar bajo presión la relación con México, entre los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, la cancelación de visas a figuras políticas y una alerta de seguridad que suspendió actividades oficiales en Mexicali. El escenario abrió interrogantes sobre el alcance de las acciones de Washington y su impacto político y de seguridad en territorio mexicano.
El caso de Rubén Rocha Moya se convirtió en uno de los principales puntos de fricción después de que autoridades estadounidenses lo incluyeron en señalamientos relacionados con presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. El político sinaloense negó las acusaciones, mientras el gobierno mexicano sostuvo que Estados Unidos no había entregado las pruebas solicitadas para sustentar los señalamientos.
Rocha Moya se había separado temporalmente de la gubernatura y posteriormente regresó al cargo el 21 de agosto, decisión que la Secretaría de Gobernación calificó como personal. Sin embargo, apenas un día después volvió a solicitar licencia, en medio de cuestionamientos políticos y mientras las investigaciones relacionadas con las personas señaladas por autoridades estadounidenses continuaron abiertas en México.
A ese escenario se sumó la cancelación de visas estadounidenses a políticos mexicanos. Uno de los casos que generó mayor atención fue el de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien informó que su visa había sido revocada. Estados Unidos mantuvo que las visas pudieron ser canceladas cuando existieron razones para hacerlo, sin detallar públicamente las causas de decisiones individuales.
La tensión adquirió una dimensión adicional el 25 de agosto, cuando Estados Unidos suspendió las actividades de su gobierno y los viajes oficiales de su personal a Mexicali debido a información sobre una posible amenaza. La representación diplomática recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos a su entorno y buscar refugio en caso de algún incidente.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la advertencia había surgido a partir de información estadounidense sobre la posible actividad de un grupo delictivo, aunque señaló que las autoridades mexicanas no habían confirmado una amenaza específica. En Baja California se reforzaron patrullajes y operativos preventivos mientras se dio seguimiento a la información que había originado la alerta.
El especialista en seguridad Alberto Capella Ibarra abordó estos acontecimientos dentro de un mismo escenario de creciente presión bilateral, marcado por decisiones migratorias, investigaciones criminales y advertencias de seguridad que habían adquirido repercusiones políticas en México.
La combinación de los casos de Rocha Moya, las cancelaciones de visas y la alerta emitida para Mexicali dejó una relación bilateral sometida a nuevas tensiones, mientras ambos gobiernos mantuvieron abiertos canales de cooperación en seguridad y las autoridades mexicanas dieron seguimiento a las investigaciones y advertencias provenientes de Estados Unidos.
