La suprema corte de justicia de la nación invalidó el decreto que aprobaba la desincorporación del manejo y tratamiento del agua en el Estado de Baja California hacia los municipios, que se propuso durante la anterior administración que encabezó Jaime Bonilla y se avaló por la pasada legislatura.
El máximo tribunal en México justificó esta decisión en base a que el poder legislativo de Baja California no contempló a los representantes de los gobiernos municipales en la discusión del tema como lo marca la constitución local en esta entidad, y por lo tanto es inválido el proceso.
Debido a la violación del procedimiento, la suprema corte dejó sin efecto cualquier cambio que se haya hecho a la ley orgánica de la administración pública en Baja California y entonces el agua seguirá siendo administrada por el gobierno estatal a través de la comisión estatal de servicios públicos.
Esto no quiere decir que el tema de la municipalización del agua no pueda darse en un futuro, sino que el proceso no fue el adecuado y por lo pronto todo se queda igual.
