La Fiscalía General de la República informó que investiga una presunta red de contrabando de hidrocarburos mediante ferrocarril, cuyas operaciones irregulares podrían haber provocado un daño superior a los cuatro mil millones de pesos a la hacienda pública.
La investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, los cuales representaban un riesgo para la población debido a las altas temperaturas y al desconocimiento inicial sobre la sustancia almacenada en su interior.
Ante la posibilidad de una emergencia, especialistas realizaron inspecciones, tomaron muestras y elaboraron dictámenes para determinar el contenido de las unidades. También se aplicaron medidas de seguridad para preservar los indicios y evitar riesgos relacionados con el manejo de los hidrocarburos.
Las diligencias no se limitaron a los ferrotanques encontrados en Coahuila. La FGR amplió la investigación hacia la cadena logística del producto e identificó unidades relacionadas con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, lo que permitió reconstruir parte de la ruta ferroviaria utilizada para transportar el combustible.
Según la investigación, en los documentos de importación se habría declarado solamente el 10 por ciento del contenido real de los ferrotanques. Esta diferencia permitió a las autoridades detectar una posible operación organizada con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en varias entidades del país.
El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa llevó a la identificación de la empresa señalada como principal importadora. La sociedad fue constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José “N” y dos personas morales.
Dos meses después, Ernesto “N” se incorporó al capital variable de la compañía. Para 2021 ya figuraba como accionista y fue designado secretario del Consejo de Administración, participando junto con José “N” en actos corporativos, representación legal y decisiones relacionadas con la operación de la empresa.
La Fiscalía indicó que ambos aparecieron conjuntamente en modificaciones societarias y otorgamientos de poderes vinculados con administración, comercio exterior, trámites fiscales, gestiones aduaneras y funcionamiento general de la compañía.
Con el paso de los años, la empresa amplió su objeto social para incluir actividades relacionadas con la importación, exportación, almacenamiento, transporte y manejo de hidrocarburos, además de la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares del sector energético.
La FGR aseguró que hasta ahora ha integrado 96 datos de prueba, entre ellos análisis químicos para identificar el combustible, estudios de ingeniería para establecer la capacidad de los ferrotanques, dictámenes fotográficos, peritajes de criminalística y pruebas para determinar si las sustancias aseguradas correspondían a gasolina o diésel.
Hasta el momento, la imputación contempla un posible perjuicio fiscal superior a 100 millones de pesos, relacionado con el contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025.
Sin embargo, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y el Servicio de Administración Tributaria habría permitido identificar más de cuatro mil operaciones irregulares durante el primer semestre de 2025. La Fiscalía estima que el daño total podría superar los cuatro mil millones de pesos, cifra que deberá acreditarse durante la investigación complementaria.
La institución rechazó que el proceso contra Ernesto “N” tenga motivaciones políticas y sostuvo que su investigación deriva de los indicios obtenidos durante las diligencias. También recordó que el delito de delincuencia organizada contempla prisión preventiva oficiosa.
La FGR señaló que el caso continúa abierto y afirmó que se respetarán el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de todas las personas imputadas mientras avanzan las investigaciones.
