El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos habría ordenado a sus agentes suspender en gran medida las detenciones vehiculares hasta nuevo aviso, luego de dos tiroteos fatales en los que estuvieron involucrados agentes de la agencia durante operativos recientes.
La medida representa un cambio importante para ICE, especialmente porque las detenciones de vehículos se habían convertido en una herramienta cada vez más utilizada dentro de sus operativos migratorios ampliados.
La instrucción aplicaría principalmente para agentes de Enforcement and Removal Operations, la división de ICE encargada de arrestar y deportar a personas indocumentadas. Bajo la nueva guía, los agentes deberán pausar el inicio de paradas vehiculares por cuenta propia, aunque podrían colaborar con otras agencias cuando se trate de ejecutar una orden penal contra una persona que se encuentre dentro de un vehículo.
La decisión llega después de dos incidentes mortales ocurridos en menos de una semana. Uno de ellos se registró en Houston, Texas, donde un hombre identificado como Lorenzo Salgado Araujo murió durante un operativo de ICE. Las autoridades sostuvieron que el hombre intentó embestir con su vehículo a oficiales, mientras que familiares y representantes políticos han pedido una investigación y representantes políticos han pedido una investigación independiente por las dudas que rodean el caso.
De acuerdo con legisladores que han seguido el incidente, Salgado Araujo y su hermano no eran los objetivos principales del operativo, lo que aumentó los cuestionamientos sobre la forma en que se ejecutó la intervención. También se señaló la falta de imágenes de cámaras corporales, un punto que ha dejado más preguntas para la familia.
El segundo caso ocurrió en Biddeford, Maine, donde Joan Sebastian Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años, murió tras recibir disparos de un agente de ICE. La agencia afirmó que los agentes realizaban vigilancia en una vivienda relacionada con una persona indocumentada con orden final de deportación, cuando Guerrero salió del lugar en un vehículo.
Según la versión oficial, los agentes intentaron detenerlo y el conductor habría tratado de escapar utilizando el vehículo como amenaza, lo que provocó que un agente abriera fuego. Sin embargo, autoridades locales y organizaciones migrantes señalaron que Guerrero tampoco era el objetivo del operativo y que contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos.
Los dos casos han puesto bajo mayor escrutinio el uso de detenciones vehiculares en operativos migratorios, especialmente cuando las personas involucradas no eran necesariamente los objetivos buscados por las autoridades.
Otro punto de preocupación es que los agentes involucrados en ambos tiroteos no portaban cámaras corporales. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que todavía no se les habían entregado esos dispositivos, una explicación que no ha frenado las críticas sobre la falta de transparencia en operativos con resultados fatales.
La suspensión temporal de la mayoría de estas detenciones vehiculares abre un nuevo debate sobre los límites de los operativos migratorios, el uso de la fuerza y la necesidad de protocolos más claros cuando las acciones de ICE se desarrollan en espacios públicos y con personas que odrían no ser el objetivo directo de una investigación.
