La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó al exmandatario Jaime Bonilla Valdez de haber facilitado una reunión que, según su versión, terminó convertida en una operación política para grabarla, editar sus declaraciones y desacreditarla públicamente.
La mandataria reconoció que los audios difundidos correspondieron a una conversación real, pero sostuvo que los fragmentos fueron manipulados y presentados fuera de contexto. Explicó que el encuentro ocurrió el 15 de diciembre de 2025, en oficinas del Gobierno del Estado en Tijuana.
Marina del Pilar aseguró que aceptó la reunión de buena fe, bajo la idea de que se trataría de un acercamiento relacionado con la cooperación bilateral en materia de seguridad y con la situación de su visa estadounidense. También afirmó que las personas presentes se identificaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos.
La gobernadora reconoció que los supuestos representantes nunca mostraron identificaciones, documentos oficiales ni requerimientos que acreditaran su función. Después de la conversación, los interlocutores quedaron en establecer contacto con su abogado, pero ese acercamiento no se concretó.
En las grabaciones se escucharon preguntas sobre posibles procedimientos judiciales, una eventual extradición y la disposición de la mandataria para colaborar con información. También aparecieron referencias a datos conocidos durante las mesas de seguridad, lo que generó cuestionamientos sobre la naturaleza de lo conversado y sobre la identidad de quienes participaron en el encuentro.
Marina del Pilar rechazó haber entregado información confidencial, alcanzado acuerdos irregulares o actuado contra los intereses de México. Sostuvo que únicamente reaccionó ante escenarios graves que le fueron planteados y que sus respuestas fueron utilizadas para construir una versión distinta a la conversación completa.
La mandataria calificó el episodio como una “trampa política” y señaló directamente a Jaime Bonilla como responsable de haber facilitado el contacto con los supuestos intermediarios. También informó que su equipo jurídico analizó posibles acciones legales por la grabación y difusión del material.
Bonilla rechazó los señalamientos mediante un posicionamiento difundido por el Partido del Trabajo en Baja California. El exgobernador negó haber organizado la reunión o participado en la filtración de los audios y consideró ilógico que se le responsabilizara debido a las diferencias políticas y legales que ambos mantuvieron.
El exmandatario también pidió aclarar quiénes fueron los interlocutores, cómo se establecieron los contactos, cuál fue el propósito de la reunión y por qué se habló de información obtenida en las mesas de seguridad. Además, anunció que consultó con su equipo jurídico la posibilidad de actuar legalmente por las acusaciones en su contra.
La confrontación elevó la presión política sobre ambos personajes, mientras distintas fuerzas partidistas exigieron identificar a quienes participaron en las conversaciones y determinar si las grabaciones fueron editadas o difundidas de manera ilegal.
La controversia permaneció abierta por la falta de claridad sobre el origen de los audios, la identidad de los supuestos intermediarios y el contexto completo de la reunión, mientras Marina del Pilar sostuvo que fue víctima de una operación política y Bonilla rechazó cualquier participación.
