El Gobierno de Baja California fijó postura después de que autoridades estadounidenses sancionaron a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, dentro de una acción contra personas y empresas que Estados Unidos señaló por presuntos vínculos con estructuras del Cártel de Sinaloa. La mandataria estatal no fue incluida entre las personas sancionadas.
La administración estatal informó que Ávila Olmeda se encontraba legalmente divorciada de Carlos Torres Torres y señaló que el único vínculo personal que mantuvieron fue el relacionado con el bienestar de su hijo.
El gobierno también aseguró que la gobernadora no tenía cuentas bancarias ni propiedades inmobiliarias en el extranjero y sostuvo que su patrimonio había sido declarado ante las autoridades mexicanas correspondientes.
Como parte de la respuesta institucional, Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor a revisar si alguna de las empresas incluidas en las sanciones estadounidenses había celebrado contratos con el Gobierno de Baja California.
En caso de localizarse relaciones contractuales, los expedientes serían enviados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que analizara la información y determinara las acciones correspondientes conforme a la legislación mexicana.
Las sanciones estadounidenses incluyeron a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres. La autoridad estadounidense afirmó que Carlos Torres había utilizado influencia política para facilitar actividades vinculadas con el Cártel de Sinaloa y proteger sus operaciones en Baja California. Esos señalamientos correspondieron a acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos y no constituyeron por sí mismos una sentencia penal.
El Gobierno de Baja California indicó que cada una de las personas señaladas tendría que responder directamente ante las autoridades competentes y aseguró que la administración estatal no asumiría su representación ni emitiría declaraciones en su nombre.
La respuesta ocurrió después de que la acción estadounidense alcanzó a 21 personas y 25 entidades, dentro de una operación dirigida principalmente contra la facción de Los Mayos y redes que las autoridades estadounidenses ubicaron en Tijuana y Mexicali.
La administración estatal mantuvo que Marina del Pilar continuaría al frente de sus responsabilidades de gobierno, mientras avanzara la revisión de posibles contratos relacionados con las empresas señaladas y las personas sancionadas atendieran sus respectivos procesos ante las autoridades correspondientes.
