El caso del migrante Manuel, quien sufrió lesiones graves tras una agresión en Tijuana, escala ahora a una nueva exigencia pública: que la Fiscalía General de la República asuma la investigación ante posibles omisiones en el manejo del expediente por parte de autoridades estatales.
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La petición surge en un contexto especialmente sensible para la ciudad, donde los casos que involucran a personas migrantes suelen encender alertas no solo por la violencia que enfrentan, sino también por la vulnerabilidad jurídica en la que muchas veces quedan tras ser víctimas de un delito. En ese escenario, cualquier señal de irregularidad en la investigación adquiere un peso mayor para albergues, activistas y organizaciones de apoyo.
Además, la demanda de atraer el caso al ámbito federal refleja una preocupación más amplia sobre la capacidad institucional para esclarecer hechos violentos cuando podrían existir redes criminales, fallas en la actuación de autoridades o posibles omisiones en la preservación de pruebas. Bajo esa lógica, el caso dejó de verse solo como una agresión individual y comenzó a ser planteado como un expediente con posibles implicaciones más profundas.
Durante una manifestación realizada este jueves frente a la Fiscalía General del Estado, Albert Rivera, pastor y director del albergue Ágape Misión Mundial, pidió que el caso sea atraído por instancias federales. Señaló que existen inconsistencias en la actuación de autoridades y cuerpos de emergencia, lo que, dijo, refuerza la sospecha de que detrás de los hechos podría haber un trasfondo más grave.
Rivera sostuvo que entre las irregularidades detectadas figuran omisiones en la integración de pruebas, incluido material en video que presuntamente no habría sido considerado por la autoridad estatal. A su juicio, estas deficiencias afectan el avance de la investigación y abren dudas sobre la forma en que se ha construido el caso desde el inicio.
El activista añadió que estas fallas podrían apuntar incluso a un posible encubrimiento, por lo que insistió en que la FGR intervenga y asuma la investigación. También hizo un llamado al Congreso local para que revise la actuación de las dependencias involucradas y determine si hubo negligencia o responsabilidad institucional en la atención del caso.
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Con esta exigencia, el caso de Manuel entra en una nueva etapa de presión pública, donde el reclamo ya no se limita al castigo de los responsables materiales de la agresión, sino que también alcanza a las autoridades encargadas de investigar si existieron omisiones, negligencia o una posible red de protección alrededor de lo ocurrido.
