Tijuana, Baja California. – El Grupo Unidos por Tijuana presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo que busca establecer sanciones penales inmediatas contra funcionarios que no respeten las suspensiones otorgadas por jueces federales.
Actualmente, la legislación concede un plazo de 24 horas para que los funcionarios que hayan incumplido una suspensión judicial puedan subsanar la falta. Sin embargo, la propuesta plantea eliminar esa prórroga y dar vista inmediata al Ministerio Público Federal para que inicie el proceso penal correspondiente.
De acuerdo con los promoventes, la medida pretende fortalecer el respeto al Estado de derecho y garantizar el cumplimiento inmediato de las resoluciones judiciales, evitando retrasos y posibles abusos de autoridad.
El grupo ciudadano señaló que con esta reforma se busca que los servidores públicos asuman responsabilidad directa por sus actos, especialmente en casos donde las suspensiones protegen derechos fundamentales de personas o comunidades.
La iniciativa fue entregada a legisladores federales y se prevé que sea analizada durante el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión.
