San Diego | El supervisor del condado de San Diego, Joel Anderson, sugirió tratar de evitar que los contribuyentes paguen los costos de los inmigrantes que cometen delitos y se enfrentan a una deportación.
Mañana martes, Anderson pedirá a sus compañeros supervisores que voten a favor de cambiar el Programa de Defensa Legal de los Derechos de los Inmigrantes para impedir que el dinero de la ciudadanía se destine a la defensa legal de presuntos delincuentes extranjeros. El Programa de Defensa Legal de los Derechos de los Inmigrantes aprobado en abril de 2022, 5 millones en fondos del condado para pagar la defensa legal de los inmigrantes detenidos que enfrentan un juicio de deportación.
Cuando se promulgó dicho programa, recibió el apoyo de organizaciones como la Liga Antidifamación, el Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, entre otras. Sin embargo, el Supervisor Anderson dice que encontró un vacío legal importante en la ley que obliga a los contribuyentes del condado a pagar la cuenta de las defensas legales de los criminales convictos, algunos de los cuales han sido juzgados y condenados por delitos considerados graves.
