Decisión afecta nuevas solicitudes; beneficiarios actuales mantienen protección temporal
Estados Unidos | Un tribunal federal de apelaciones declaró inválido el programa DACA, implementado en 2012 por el expresidente Barack Obama para proteger a inmigrantes que llegaron al país siendo niños. La decisión bloquea nuevas solicitudes, pero permite que los más de 500 mil beneficiarios actuales sigan renovando sus permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos.
El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, argumenta que el poder ejecutivo excedió su autoridad al establecer el programa sin la aprobación del Congreso. Aunque la versión actual del programa, renovada por el presidente Joe Biden en 2022, buscó ajustarse a procedimientos legales formales, la corte determinó que los cambios no eran suficientes para justificar su validez.
Este caso podría llevar a DACA ante la Corte Suprema por tercera vez. La administración Trump intentó terminar el programa durante su primer mandato, pero en 2020 el máximo tribunal dictaminó que su cancelación fue mal gestionada. Sin embargo, la batalla legal ha dejado a los beneficiarios en un estado de incertidumbre constante.
El juez Andrew Hanen, del distrito de Houston, previamente dictaminó que el programa no puede aceptar nuevas solicitudes mientras las apelaciones sigan en proceso. Esto ha provocado un envejecimiento del grupo de beneficiarios, sin la posibilidad de incluir nuevos participantes, lo que pone en riesgo la continuidad del programa a largo plazo.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó el fallo como “una gran victoria” y expresó su disposición a trabajar con la próxima administración de Donald Trump para endurecer las políticas migratorias. Trump, aunque buscó eliminar DACA, ocasionalmente manifestó su deseo de permitir que los beneficiarios permanecieran en el país.
DACA fue diseñado para brindar protección temporal ante la falta de acción del Congreso en la creación de un camino hacia la legalización para jóvenes inmigrantes. Aunque ha ofrecido alivio a cientos de miles, su futuro sigue siendo incierto, dejando a los beneficiarios y a sus familias enfrentando una constante inseguridad jurídica.