El presidente Donald Trump firmó la ley Laken Riley, su primera norma legislativa, en honor a la joven asesinada en 2024.
La ley permite la detención y posible deportación de inmigrantes sin estatus legal acusados de delitos, incluso antes de ser condenados. La medida, que recibió apoyo bipartidista en el Congreso, ha generado controversia: defensores de los derechos de los inmigrantes temen arrestos masivos por delitos menores, mientras que sectores conservadores la consideran esencial para garantizar la seguridad. La ley también otorga a los fiscales generales estatales la capacidad de demandar al gobierno federal en temas migratorios, lo que podría complicar aún más las políticas nacionales.
A pesar de las críticas y la posibilidad de impugnaciones legales, la administración de Trump sigue adelante con su agenda de reforzar la seguridad y limitar la inmigración ilegal.
