La Legislatura de California aprobó dos proyectos que buscarán aumentar la responsabilidad de agentes federales de inmigración, incluido personal de ICE y la Patrulla Fronteriza, al permitir demandas por presuntas violaciones constitucionales y reforzar la prohibición del uso de máscaras durante operativos. Ambas iniciativas quedaron pendientes de la decisión del gobernador Gavin Newsom, quien tendrá hasta el 30 de septiembre para firmarlas o vetarlas.
La primera iniciativa, SB 747, conocida como No Kings Act, establecerá una vía para que personas puedan presentar demandas civiles y reclamar compensaciones económicas contra funcionarios federales, estatales o locales cuando consideren que sus derechos constitucionales fueron vulnerados.
La propuesta abarcará posibles violaciones relacionadas con la libertad de expresión y religión, registros o detenciones consideradas ilegales, uso excesivo de la fuerza y acciones gubernamentales discriminatorias, entre otras situaciones protegidas por la Constitución estadounidense.
El proyecto surgió ante las limitaciones existentes para demandar directamente a funcionarios federales por daños derivados de violaciones constitucionales. Sus promotores sostuvieron que los agentes federales deberán enfrentar mecanismos de responsabilidad similares a los aplicables a funcionarios estatales y locales.
La SB 747 fue aprobada por la Asamblea estatal con 57 votos a favor y 19 en contra, mientras el Senado la respaldó con una votación de 30 a 10. Si Newsom la firma, entrará en vigor inmediatamente.
De manera paralela, los legisladores aprobaron la SB 1004, diseñada para reforzar una ley estatal que restringió el uso de máscaras o coberturas faciales por parte de agentes durante el desempeño de sus funciones.
California había aprobado previamente una prohibición dirigida a agentes federales y locales, pero un juez federal bloqueó temporalmente su aplicación al considerar que la regulación no imponía las mismas condiciones a determinados agentes estatales.
La nueva propuesta extenderá las restricciones a fuerzas del orden estatales, además de agentes locales y federales, con excepciones para circunstancias específicas relacionadas con seguridad, salud o necesidades operativas. La medida fue aprobada por 29 votos contra 11 en el Senado y 41 contra 18 en la Asamblea.
Si el gobernador firma la SB 1004, las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, aunque las medidas relacionadas con agentes federales podrían enfrentar nuevas impugnaciones judiciales sobre los límites de la autoridad de California frente al gobierno federal.
Las dos iniciativas avanzaron en medio de una confrontación política y legal entre California y la administración del presidente Donald Trump por las operaciones de control migratorio. La decisión final quedará ahora en manos de Newsom, mientras posibles desafíos en tribunales podrían determinar hasta dónde podrá llegar el estado para regular o responsabilizar directamente a agentes federales que operen en California.
