Modificaciones a leyes secundarias buscan ajustes con mayoría simple en el Congreso de la Unión.
El gobierno federal impulsa el Plan B legislativo tras el fracaso de la reforma constitucional electoral, que no obtuvo mayoría calificada en el Congreso.
Esta estrategia apunta a cambios en leyes secundarias para reducir costos en congresos locales y gobiernos municipales, según el doctor Leonardo Abarca Jiménez, socio de Grupo UNO Abogados.
Entre las propuestas se especula adelantar la revocación de mandato al tercer año de gestión, manteniendo límites constitucionales de certeza, legalidad e imparcialidad.
Cualquier ajuste podría enfrentar impugnaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el debate regresa al Congreso para evaluar su impacto institucional.
Analistas ven en esta vía un camino alterno para influir en el sistema político-electoral, siempre subordinado a principios constitucionales.
